La marcha atrás del aborto


Trabajando en unas valoraciones sobre la propuesta del ministro Alberto Ruiz Gallardón de eliminar de los supuestos para la interrupción voluntaria del embarazo la malformación del feto y el consecuente agradecimiento por todos los sectores provida y conservadores, me he parado a pensar en los pasos que hasta ahora se habían dado en lograr la igualdad plena entre hombres y mujeres y en como afectará de cara al futuro.

Además, nos enteramos por informaciones en los medios que también se baraja la posibilidad de que sea solo la valoración psicológica la que prevalezca a la hora de realizar una interrupción voluntaria del embarazo.

Antecedentes jurídicos hasta 2012. En el tercer curso de la Licenciatura de Periodismo me tocó participar en un trabajo de Relaciones Públicas por el que, a modo de lobby, tenía que llevar a cabo una defensa cerrada del aborto, sobre todo en el aspecto legislativo. En ese momento, 1999, España estaba anclada en la ley de supuestos (solo tres) y analizando cómo estábamos en comparación con otros países, podíamos sentirnos orgullosos de ser de los más restrictivos.

Así, de una tanda de países que incluía desde los más cercanos como Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania o Italia, hasta otros más alejados como Estados Unidos o Japón, España tenía el dudoso honor de ser de los más fervientes detractores de una práctica que condiciona no solamente la vida de una mujer que no puede interrumpir su embarazo no deseado, sino que, en casos como malformación, creará una carga social adicional de la que luego es difícil encontrar quien se haga corresponsable.

En el primer grupo de países, el de aquellos que habían despenalizado el aborto implantando una ley de plazos, se encontraban Alemania, Francia, Italia o Estados Unidos. En el segundo grupo, el de aquellos que contaban con una legislación de supuestos que también incluía la malformación del feto, Reino Unido, Portugal y Japón tenían sus máximos exponentes.

Y luego estaba España, que se situaba un poco más allá en la parte conservadora ya que la ley de supuestos de 1985 dejaba la puerta abierta a un posible “cuarto supuesto”, aquel al que se refería cuando mantener el embarazo supondría un grave perjuicio social y psicológico para la madre, por el cual se podría llevar a cabo la interrupción del mismo dentro de las doce primeras semanas de gestación. Fué el argumento perfecto para crear un negocio del que se han lucrado muchas clínicas en nuestro país aprovechando el vacío legal existente, cuando no suponía una intervención que perjudicaba a la futura madre por lo agresivo de las técnicas utilizadas hasta la llegada de la píldora RU 486.

En la parte moral, aquellos que defendían que uno de los derechos irrenunciables del ser humano era el de la vida topaban con los que consideraban que el nasciturus (embrión hasta las doce semanas cuya vida todavía no es independiente de la madre) no podía ser considerado legalmente como ser humano. La batalla estaba servida.

Ante este panorama, en 2010 se logra dar un paso adelante con la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo a iniciativa del PSOE (el quinto intento hasta la fecha), y curiosamente, el número de abortos desciende en nuestro país. Se realiza también una apuesta por facilitar el uso entre la ciudadanía de la llamada “píldora del día después” pero no como un anticonceptivo posterior a la relación, o al menos ése era el espíritu de la decisión.

Dos años después, en 2012 y con menos de un año de la mayoría absoluta del PP en el poder, nos encontramos con que Gallardón considera que para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo debe existir consentimiento expreso de los padres o tutores en casos de menores de edad legal pero no sanitaria (16 a 18 años), un colectivo que canaliza una gran parte de los casos de embarazo no deseados. Posteriormente, con declaraciones como que existe “violencia machista” de carácter social que obligan a la mujer a abortar, el ministro de Justicia enciende a todos los colectivos progresistas, femeninos o no. Y ahora, elimina la malformación del feto como un caso legal válido para la interrupción del embarazo.

Un paso atrás para la mujer. Es triste expresarlo así, sobre todo porque soy defensor de aquellos que quieren llevar conscientemente adelante un embarazo aún sabiendo que existe una malformación , pero con posturas como ésta se obliga desde el Estado a que la futura madre o familia que no desea seguir adelante tenga que llevar una carga de la que luego nadie se hará cargo o con muchas dificultades salvo los que viven en el entorno más cercano y privado. Casos como éstos no van a generar cariño o aprecio hacia un recien nacido no deseado sino una situación que se verá agravada por la crisis económica, abriendo otras vías como será la adopción o la manutención por parte del Estado si no existe padres que deseen dicha acogida.

Y no es demagogia lo que encierran estas palabras, baste ver como en caso de malformación, la sociedad no es tan permisiva, a pesar de los valiosos intentos de asociaciones como Down España por encontrar un hogar aquellos niños que con este síndrome aún viven en centros de acogida pasados 8 años después de su nacimiento. Y eso es sólo una pequeña muestra.

Según datos recientes del ministerio de Sanidad, solo el 3% de los abortos realizados en 2010 se debían a malformaciones en el feto (sobre 3.300 casos). Sin embargo, esta estadística no tiene en cuenta que se produce una supeditación de los intereses de colectivos más conservadores sobre el resto de las libertades individuales de las mujeres independientemente de que compartan o no esa forma de ver la vida. Son solamente datos, pero en cada uno de los 3.300 casos realizados en 2010 existe el panorama familiar de 3.300 mujeres que han ejercido libremente su capacidad de elección gracias a la ley de 2010.

Además, estamos ante una decisión no carente de hipocresía, ya que otro de los hechos pronto constatables en el tiempo será que, a pesar de que una malformación pueda no ser válida como supuesto para el aborto, en el caso de existir un informe psicológico negativo sobre el impacto que dicho embarazo tendría sobre la mujer, la interrupción seguirá siendo válida. Y si el sistema público de salud no asume el gasto de dicha intervención, tampoco será problema ya que no tardará en reactivarse la maquinaria comercial ya explotó un vacío legal como negocio de 1985 a 2010.

Una verdadera lástima.

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About Manuel David Moreno

Licenciado en Periodismo (UCM) y Máster en Información Económica (UCM-APIE), tengo mis intereses en la comunicación política e institucional. Apasionado del cine, la música y el teatro.

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