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¿Estamos preparados para el individualismo?


* Artículo publicado en la Revista El Observador

Este fin de semana he podido ver “El poder del dinero” en la web de RTVE, una interesante reflexión sobre por qué los individuos que participan en la economía de mercado se comportan de forma irracional. Es una visión contraria a la teoría económica imperante desde mediados del siglo XX con Adam Smith y su “mano invisible” a la cabeza, que parecía que había solventado esas dudas navegando a través de un mar de matemáticas y fórmulas indescifrables sobre el ser humano en sociedad.

El documental se basa exclusivamente en el individualismo y la generación de riqueza personal, una máxima de la forma de vida anglosajona, bien sea a través de los negocios (capitalismo) o la religión (protestantismo). Pero, ¿dónde queda la sociedad y como nos ha afectado esta forma de vida en España?

En nuestro país, a la Guerra Civil le siguió una dictadura que, fruto del intervencionismo del Estado como economía de post-guerra, comenzó a consolidar unos derechos colectivos que se han mantenido hasta nuestros días, por muy duro que sea admitirlo. Elementos como la educación obligatoria o la sanidad pública estaban en los primeros puestos de inversión del estado (junto con la obra pública como generadora de empleo) para, una vez llegada la democracia, ser el caldo de cultivo del Estado del Bienestar. Entramos en los felices 80´s y 90´s y en la UE y nos convertimos en un país civilizado que abría los ojos, pero con un fuerte sentido social de protección hacia el más desfavorecido o el que puntualmente necesitaba ayuda sin mermar la dignidad del que recibía esa protección. Los trabajadores, por su parte, encontraban ese mismo respaldo con el Pacto de Toledo.

Los años sucesivos al  2000 nos traen el boom inmobiliario y todo iba viento en popa ya que hasta el españolito de a pie que no acababa los estudios obligatorios podía tener un sueldo que le permitía independizarse (aunque fuera a plazos) y crear una familia. Y el que tenía estudios superiores optaba por presentarse a alguna oposición de las muchas administraciones que se iban descentralizando. Todos con casa o coche nuevos: nos iba de perlas.

Esta visión de éxito aumenta el poder del individuo frente a la sociedad, dejando a un lado otras tesis más proteccionistas o patriarcales. Por parte de los sectores más conservadores se promulga todo aquello que olía a neocons mientras que desde la propia izquierda los que abrazaban el comunismo o el socialismo tienen que reinventarse para acoger un sentir más capitalista.

Como todo va bien, se descuida que es el Estado el encargado de velar de que la sociedad asuma cierta parte de responsabilidad que garantice un mínimo de subsistencia a sus ciudadanos sin tener que caer en la indigencia o la caridad, otro término que también es muy querido por los más conservadores, sobre todos de los que quieren redimir pecados en otros mundos alejados de éste.

Además, la propia mejoría (real o irreal) del status de las antiguas clases trabajadoras hace que aparezca una clase media que ideológicamente es incapaz de diferenciar en muchos casos las políticas que se llevan a cabo por parte de los partidos mayoritarios, como son en nuestro país PP y PSOE. Aunque sigan existiendo diferencias de fondo.

Pero navegar por los matices no es fácil si sumamos que los políticos se han convertido en uno de los principales problemas de nuestro país cada vez que sale una encuesta del CIS, una ciudadanía que no participa ni se muestra interesada en participar en el sistema establecido a través de las urnas. Máxime cuando es imposible aplicar teorías políticas puras que no tengan en cuenta nuestro ámbito económico europeo gracias a la adopción del euro como moneda, la fluctuación de los mercados, los intereses empresariales y sindicales… etc.

Ahora, fruto de la crisis económica y bajo mandato de la UE, debemos aligerar aún más la carga con la premisa de minimizar costes del sector público y la mirada puesta en el déficit cero a toda costa. No deja de ser preocupante como la crisis de las teorías económicas que no han podido preveer el crash inmobiliario se ha traducido en una crisis política de valores sin precedentes que dado un nuevo giro a la reinvención ya comentada. Sobre todo de los partidos políticos españoles que han accedido al gobierno: ahora el PP tiene que tener en cuenta en sus medidas a una parte de la sociedad con menos recursos desde el punto de vista de las coberturas públicas, algo que no estaba en sus planes, después de que el PSOE tuviera que aplicar recortes que afectaban a las mismas clases que sustentaban su voto, no sin lamentarse varias veces por ello.

Por eso, ¿estamos preparados para ser individualistas o para que recojamos por parte del sector público solo aquello que sea exclusivo del fruto de nuestro trabajo/aportación? Sinceramente, creo que no.

La tradición nos dice que el papel que le da la ciudadanía española al sector público es mucho más importante como garante de las políticas sociales que como gestor de servicios ya privatizados o concertados. Una postura que parece que se quiere romper con la tanda de medidas que llevamos viendo desde que el Gobierno de Rajoy comenzó este año 2012 y que afectará a los beneficiarios futuros de la educación, sanidad o cobertura por desempleo públicos, y eso es solo el principio.

El peligro reside en que se puede provocar una fractura generacional entre los que venían de una concepción proteccionista del Estado y de aquellos que, quizá por considerar que no tener nada que perder (aparentemente), no contemplan la posibilidad de seguir manteniendo esa faceta tutora propia del sector público.

Por lo pronto, el frente común conservador que existía en la UE entre Alemania-Reino Unido y Francia ya se ha roto por este último fleco con la llegada del socialista Hollande al poder en sustitución de Sarkozy. No ayuda a mantener esa visión del Estado solo como ente gestor la pérdida en intención de voto de las siglas que defienden tanto Merkel como Cameron en las elecciones regionales de sus respectivos países, que serán los próximos en tener que revalidar sus mandatos en clave nacional. Un frente que había servido para justificar la toma de medidas en nuestro país por parte de Rajoy.

Veremos que pasa.

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Los 100 días de Rajoy para equivocarse en comunicación política


* Artículo publicado en la revista El Observador

El uso de globos sonda como primer paso para trasladar a la opinión pública el impacto de las reformas restrictivas para contención del déficit, en el mercado laboral, en el ámbito presupuestario y en el sistema sanitario, ha conllevado que la ciudadanía se haya posicionado de una forma aún más negativa de la que se presupone por el carácter de las medidas durante los 100 primeros días del Gobierno de Rajoy, tanto dentro y fuera de nuestras fronteras.

Un resultado que va en contra de los principios de cualquier comunicación institucional en un periodo de crisis, sobre todo por el error, buscado o no por los principales líderes del Partido Popular, de tratar de vestir estas propuestas lanzadas a los medios de comunicación con una fórmula, el globo sonda, usada tradicionalmente desde los gobiernos para facilitar el debate y la negociación con los sectores afectados (ciudadanos, organizaciones empresariales y sociales, lobbies…) sobre decisiones que serán polémicas o de gran calado social, e intentando con ello obtener la mejor percepción posible de cara a la ciudadanía. Y, sobre todo, contrarias a las propuestas que marcaban el programa electoral con el que ganaron las elecciones generales de 2011.

Pero ha sido el marco temporal de apremio en la adopción de dichas reformas, sobre todo proveniente de la UE, el que ha hecho inservible el uso de esta herramienta, ya que en la opinión pública y publicada en (los medios de comunicación) ha quedado constancia de que no estábamos ante medidas no cerradas sino que estaban listas para su ejecución. Esto ha provocado numerosas disonancias en la política de comunicación tanto de La Moncloa como de sus ministerios y del propio servicio de prensa del PP en la calle Génova.

Tampoco se ha respetado el traslado de mensajes claros que, en situaciones de excepcionalidad, debe existir por parte de los portavoces públicos que tienen autoridad informativa, concentrada en este caso en el presidente Rajoy y los ministros De Guindos (Economía) y Montoro (Hacienda), lo que ha dejado en el camino demasiadas ideas confusas, indeterminadas y hasta contradictorias con el consecuente perjuicio para la opinión pública, con casos concretos como una subida del IVA en marzo (De Guindos), una desviación del déficit no confirmada del 8,2% (Jorge Fernández, ministro del Interior), posible subida de otros impuestos (De Guindos) o el copago sanitario (De Guindos).

Una postura que, incluso, ha provocado situaciones en las que actores del mismo partido político en el poder, como Rajoy en la Agencia EFE sobre el IVA, Sáenz de Santamaría (vicepresidencia) en el caso del cumplimiento del déficit pactado con la UE, Montoro sobre la no subida de impuestos especiales, o Carlos Floriano (número 3 del PP) sobre el copago sanitario, hayan tenido que limar asperezas producidas por esta descoordinación en el envío de información a los medios de comunicación y, por extensión, en la ciudadanía:

El caso de Floriano es aún más claro, ya que tras salir en rueda de prensa no convocada para desautorizar al ministro de Economía y sus declaraciones sobre el copago, él mismo corregido por un comunicado de prensa de Moncloa que daba razón a De Guindos. Un ruido informativo que incluso provocó que el presidente Rajoy no atendiera a los medios de comunicación cuando acudió al Senado para responder a varias preguntas sobre la reforma laboral:

La misma falta de mensaje único ha provocado casos como el de Extremadura, cuyo presidente (PP) al ser preguntados por el copago pierde la integridad del discurso que hay que defender ante los medios al posicionarse primero en contra (antes de la aparición de las declaraciones de De Guindos y el comunicado de Moncloa) y luego a favor (con la aparición del mismo y la posterior concreción del copago). Todo un giro de 180 grados en menos de diez días.

La predisposición por realizar convocatoria de actos, sobre todo del presidente del Gobierno, con un aforo afín y sin posibilidad de ser cuestionado como sustitutivo a la demanda de los medios para lograr una explicación de la acción del Ejecutivo, ha sido también excesiva. Sobre todo dentro de nuestras fronteras, pues tanto en el proceso de elaboración de las reformas como una vez que se han justificado tras anuncio en Consejo de Ministros, se ha apostado por que Rajoy explique sus puntos de vista y haga anuncios en mítines políticos, reuniones del grupo parlamentario popular o con los representantes autonómicos de las CCAA gobernadas por el PP, lo que no ha redundado en una mejor acción pedagógica que se presupone a toda acción política. Mientras que los anuncios de Rajoy versan sobre la imposición de una reforma laboral (mitin del PP en Málaga), las explicaciones se limitan a decir que se trata de reformas con un marcado carácter social y equitativo (Cospedal y Montoro).

Se ha producido, por tanto, un vacío informativo por la constante petición de los medios, sobre todo de los de corte más progresista como los del grupo PRISA (El País y la cadena SER), que no han desistido en su empeño de pedir aclaraciones dentro de un contexto donde abundaban los mensajes indefinidos y una postura política huída de las críticas o rendición de explicaciones. Una actitud que, además, ha favorecido la actividad de la oposición (sobre todo PSOE e IU) al llenar ese espacio con sus declaraciones. Las mismas que han conseguido calar el mensaje de toda acción de gobierno como de pérdida general de derechos a costa de la crisis económica, tocando lo que se ha denominado “las líneas rojas“, sobre todo en educación y sanidad.

Por el contrario, las entrevistas de los miembros del Gobierno en medios de comunicación de tirada nacional de afinidad ideológica (El Mundo, ABC, La Razón) no solo han sido bien recibidas sino fomentadas desde los departamentos de prensa. Aunque el tratamiento más favorable que se presupone en la información no está exenta de que se cuelen aspectos desfavorables de las medidas como en la reorganización del mercado laboral, en la que se pregunta en hasta cinco ocasiones en una entrevista exclusiva en ABC a la ministra de Empleo sobre las circunstancias del despido más flexible. Esta circunstancia será aprovechada por otros medios para reforzar el hilo argumental de su discurso sobre el impacto negativo de las mismas de cara a la ciudadanía, sobre todo la sección de Economía de El País tanto en la edición en internet como en la impresa, las desventajas de la reforma laboral con artículos y reportajes especiales a doble página que son presentados con titulares nada halagüeños para la reputación del Gobierno como “Más riesgo de recesión por decreto“, “Despidos baratos con la venia del juez” o “Salarios a la carta para la empresa“.

La opinión internacional también ha sido primada frente a la nacional, lo que ha hecho que, por una parte, se presenten dichas reformas a través de entrevistas en prensa extranjera (Financial Times, Frankfurter Allgemeine) y en comunicados anexos a los viajes oficiales del presidente como Seúl o Roma, limitando de nuevo la cobertura a los medios españoles. Con ello, se ha obligado a, en primer lugar, decidir en las redacciones si reservar o no un hueco a unas declaraciones que se han dado en exclusiva a otro medio de comunicación, y por otro, recopilar información a través de los teletipos de las agencias de prensa que hayan cubierto la comparecencia. Solo si cuentan con presupuesto, tienen también la posibilidad de destinar a un enviado especial para tal finalidad, a lo que todos los medios, sobre todo los de carácter regional, provincial o local, tienen acceso por rentabilidad presupuestaria, y más en tiempo de crisis.

Pero ese enfoque internacional de la presentación de las medidas no ha tenido tampoco el efecto esperado si se observa los ataques a la bolsa española, la subida de la prima de riesgo de la deuda soberana y las críticas en la UE. Ante tan poca calurosa acogida, los mensajes desde el Gobierno de Rajoy han ido en dos direcciones: por una parte, mostrando cierto “enroque” con el doble objetivo de poner en valor la independencia del Gobierno español a la hora de tomar sus medidas destacando que se sabía “lo que había que hacer” (Rajoy, Montoro, Sáenz de Santamaría, Gallardón o Cospedal) y haciendo un frente común con otros países que también se han visto acosados. Por otro, mostrando dentro de nuestras fronteras un cierto discurso paternalista con el lema “éstas no son las medidas que nos gusta tomar“.

Aunque en primera instancia pueda parecer un intento de congraciarse con una ciudadanía que ya ha mostrado su rechazo y para paliar el probable desgaste electoral derivado de esta situación, no deja de resultar paradójico que mensajes como éstos mantendrán la desconfianza de la opinión pública, sobre todo la relacionada con los mercados. Una circunstancia que no paliará los ataques a la bolsa y seguirá alimentando un caldo de cultivo sobre la incertidumbre de un Gobierno que no respalda al 100% las medidas ya tomadas y que no las identifica como propias, como con los PGE, al decirse que son “desagradables, incómodos y que no gustan a nadie” (Rajoy).

Sin embargo, a pesar de este intento de minimizar la presencia de crítica en el tratamiento final de la información, la actividad política del PP en el Gobierno no ha estado exenta de las particularidades del periodismo y de las filtraciones de información no deseada, como el micrófono “abierto”. Aunque este tipo de descuidos son normales, lo que consiguió alimentar aún más el clima de crispación dentro de nuestras fronteras, sobre todo con el proceso de la reforma laboral, fueron declaraciones del presidente Rajoy en las que quedaba claro que se asumía una huelga general cuando dentro de nuestras fronteras se estaba trasladando otro mensaje:

Otro aspecto interesante ha sido la propia comunicación de las reformas en sí, todas ellas condensadas en la comparecencia en rueda de prensa en Consejo de Ministros, donde se ha hecho más hincapie en justificaciones que cargaban contra la “herencia” del Gobierno anterior en temas como la estimación del déficit de 2011 que en los mensajes de petición de esfuerzo colectivo y comprensión ante medidas que ya se presuponían impopulares, aspectos que se han presentado con la sentencia “no queríamos hacerlo pero nos hemos visto obligados” (Rajoy o Sáenz de Santamaría).

Evidentemente, las portadas de la prensa del primer paquete de reformas, con titulares, como “España entra en alerta económica” (El País), “El Gobierno inicia el ajuste con un drástico hachazo fiscal” (El Mundo), “Ajuste drástico ante una situación excepcional” (ABC), “Duro ajuste para empezar” (La Vanguardia) o “Sacrificio fiscal” (Expansión), es un fiel reflejo de como la prensa canaliza el uso de un lenguaje que acentúa la situación de gravedad económica.

El lenguaje también recogerá justificaciones no exentas del uso de eufemismos para intentar trasladar una percepción distinta a la que daban la mayoría de los medios de comunicación, como ha ocurrido con la reforma laboral (resumida en despido más barato), la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (resumidos como que favorecen la amnistía fiscal) o la reforma sanitaria (resumida en copago) y que se han mantenido también en la posterior comparecencia en sede parlamentaria. Aunque en este último caso, se ha añadido un ingrediente más por parte del grupo parlamentario del PP como es el sentimiento de Estado pero de forma muy crítica con los partidos de la oposición, no solo el PSOE, sino con aquellos que, como CiU, les permitirían tener algún tipo de apoyo en una cámara que dominan con mayoría absoluta.

Y es que, si bien la situación es la que reflejaba las urnas tras el 20 de noviembre, las explicaciones por parte del Partido Popular abusan demasiado de esa situación de superioridad numérica parlamentaria en los discursos de justificación ante la toma de medidas, lo que ha provocado que también se haya creado un clima de enfrentamiento del equipo de Rajoy (tanto en el Gobierno como en el PP) con otras organizaciones como los sindicatos mayoritarios.

El tono de las valoraciones y opiniones que han sido realizadas sobre este aspecto por parte de representantes de las filas populares han sido recogidas como un intento de provocar aún más a unas organizaciones que han sido excluidas de los procesos de negociación y que han planteado en la calle varias movilizaciones en la calle, con una movilizaciones y una posterior huelga general por las que incluso el Gobierno decidió en un primero momento por aumentar el nivel de crispación con frases como “no resuelve nada y es injusta” (Rajoy), “lo que tenemos que estar es a defender los derechos de todos” (Sáenz de Santamaría), o “la economía española no está para una huelga general (Cospedal).

Posteriormente, tanto Sáenz de Santamaría como Montoro llegan al alarmismo al decir que “España está en una situación límite”, para luego volver a un clima de autoridad el mismo día de la huelga y, por una parte, mantener la provocación al decir que “la agenda reformista del Gobierno es imparable” (Fátima Báñez, ministra de Empleo) e intentar quitarle todo tipo de valoración política a la jornada por parte del ministerio del Interior con comparecencias públicas de un cargo técnico, la directora de Política Interior, Cristina Díaz, mientras los medios se quejan de la imposibilidad de hacer preguntas a la misma y la mera comparecencia con la lectura de comunicados.

En pleno clima de confrontación, aparece también un vídeo que además vulneró la ley electoral desde el ministerio de Empleo que usa imágenes sacadas de contexto de los rostros sonrientes de Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CCOO) cuando son ellos mismos los que lideran la protesta contra la reforma.

Visto como un ejemplo de manipulación tanto por UGT, que lo define como “insulto a la inteligencia de los ciudadanos“, como por CCOO, que lo cataloga como “sarta de mentiras“.

Por tanto, en materia de comunicación de crisis, por tanto, vemos como estos 100 días de Gobierno se han producido errores que no solo han puesto en riesgo su credibilidad futura de cara a las medidas que deberá tomar durante el resto de la legislatura, sino que ha creado un clima abierto a la contínua especulación, incluso en los medios económicos más especializados, que no favorece una recuperación de prestigio.

La primera, constatada en la pérdida de casi 530.000 votos a las siglas del PP en las elecciones de Andalucía y Asturias en comparación con los resultados de las elecciones generales de 2011, una pérdida de confianza que, posteriormente, también corrobora la encuesta de El País del pasado 14 de abril, en el que se acusaba una caída de más de 8 puntos en intención de voto con un significativo desgaste del Gobierno.

Socialismo y déficit publico: cómo combatir el simplismo


Durante este pequeño descanso de puente, he podido comprobar que a los socialistas se nos sigue acusando en la calle de “tirar de chequera” con el dinero público en un intento de desprestigiar esta ideología a través del simplismo. Esta percepción, la podemos encontrar en las palabras de un profesor universitario de derecho tributario que, gracias al derecho a la libertad de cátedra, reduce su reflexión a la comparación de los modelos económicos desarrollados por los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y, ahora, José Luis Rodríguez Zapatero, especialmente preocupado en la gestión del déficit público. Sigue el ponente enlazando su discurso con la crisis económica actual, y lo acaba rematando con un “y así nos va, ahora”, en clara alusión al actual gobierno. Por supuesto, los estudiantes de tan ejemplar muestra de nuestros sistema educativo, no albergan dudas al respecto: si lo ha dicho el profesor en clase, tendrá que ser cierto, y con las mismas salen a la calle con una visión de la realidad económica de nuestro país totalmente sesgada.

Que en toda crisis las mayores críticas las sufre el gobierno que esté en ese momento es evidente, para eso lo hace y ha sido elegido, y debe entenderse como una motivación para poder seguir aplicando medidas que de otra manera no se harían. A nadie se hubiese ocurrido, a mediados de 2004, por ejemplo, preguntarse sobre la fortaleza de nuestro sistema financiero cuando el emporio que dirige Emilio Botín compró el bando británico Abbey, lo que le situaba entonces como el “octavo banco del mundo” (según Expansión). Tampoco nadie se preguntaba por la fragilidad de nuestro sector de construcción a mediados de 2006 cuando las grandes constructoras de entonces (ACS, Ferrovial, OHL, Acciona, Sacyr), seguían creciendo y creciendo a golpe de un talonario inmobiliario que se venía abajo poco después. Entonces, aquellas empresas eran “líderes globales” en su sector, según las noticias que sus departamentos de prensa vendían a los medios, y todos seguíamos felices en ese sueño del que nos despertamos al caernos de la cama meses más tarde.

Pero volviendo a esa percepción tan particular de la crisis económica en el ámbito universitario, de la que sólo tiene la culpa el gobierno según este simplismo, no podemos olvidar que el uso del déficit público también esta demonizado por los mismos que, fieles a su espíritu funcionarial, quieren seguir cobrando a fin de mes y, por supuesto, con todas las subidas salariales posibles que se pactaron en los periodos de bonanza. Gracias a esa eliminación del déficit tan deseada, nos podemos permitir el lujo de dar de lado a los parados que actualmente tenemos, o que las pymes y autónomos (el verdadero motor económico de este país) no puedan hacer frente a los créditos porque los bancos y cajas aún están con una digestión pesada provocada por tanto ladrillo. O lo que sin duda sería aún mejor, que escuelas e institutos no tengan recursos, que los ambulatorios y hospitales sigan carentes de material y servicios, o que las pensiones de viudedad y jubilación queden en el aire. Me consta que un elevado déficit no ayuda a nuestra valoración internacional en materia de catalogación de nuestra deuda en los mercados internacionales, pero prefiero seguir mirando dentro de nuestras fronteras para saber dónde hay que poner el límite.

Si a un parado se le agota la prestación, siempre será mejor que siga sin recursos que tirar de déficit desde un punto de vista estrictamente económico si queremos contener el gasto. ¿O quizás no? Quizá ese parado con recursos pueda seguir pagando parte de la hipoteca (y salvándole los muebles a más de una entidad financiera que está presa de sus niveles de morosidad), sosteniendo el consumo del país y, lo que es más significativo, saber cuando un gobierno le apoya o le da la espalda en situaciones verdaderamente difíciles. Lo que sí es cierto es que el nivel de endeudamiento no sólo de las empresas sino también de las familias ha sido un constante aviso de alarma durante bastante años antes de que estallara la crisis, algo a lo que nuestros queridos bancos y cajas también han ayudado bastante a través de prestamos hipotecarios inflados o créditos al consumo. Sólo en 2004, las familias ya adeudaban más de 595.000 millones de euros (el 75% del PIB) con los créditos inmobiliarios a la cabeza, a pesar de que los contínuos avisos del Banco de España a las entidades financieras sobre la necesidad de la moderación en la concesión de créditos en tiempos de bajos tipos de interés y precios al alza.

Pero esos tiempos de bonanza ya pasaron y el maremagnum formado en torno a la crisis económica, ése que ha partido en dos la fortaleza de la octava potencia del mundo, nos ha abierto los ojos. A este carro también se han apuntado gran parte del tejido empresarial, sobre todo el de las grandes empresas que, tras pedir por activa y por pasiva el abaratamiento del despido en este país, han aprovechado esta situación para mandar a más personas a la cola del paro o para renegociar los contratos (saltándose incluso a la torera los convenios colectivos pactados anteriormente) con cláusulas aún más restrictivas. “Son tiempos de apretarse el cinturón” para los que tan sólo dos años antes eran protagonistas del nuevo milagro español, con gestiones feroces y estratégicamente perfectas, abriendo nuevos mercados en el extranjero para dotar de mayor “presencia internacional” a la firma, y mostrando con orgullo planes de negocio avalados por firmas consultoras de prestigio, las mismas que aplaudían a Lehman Brothers cuando se refería al “potencial de crecimiento de la marca en el mundo” (2005). Me resulta bastante díficil creer a empresarios como el que se ha convertido actualmente en cabecilla de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, no precisamente el mejor exponente de una gestión eficaz en una gran empresa, o si no que se lo digan a los empleados de Air Comet o a los contínuos desaires a la actual patronal de los pequeños y medianos empresarios (CEPYME), que son los que realmente están soportando las mayores cargas de esta situación económica.

Ahora este gobierno se ha propuesto cambiar el modelo productivo de este país, algo realmente difícil (que no imposible), ya que nos hemos acostumbrado a cierto “chanchulleo” en el entorno que nos rodea y parece que no se ha empezado con buen pie. Las patentes e investigaciones importantes se siguen produciendo fuera, la burocracia administrativa aburre y quitan las ganas de poner en marcha un proyecto empresarial, y la gente de a pie sigue pidiendo a gritos que le expliquen “cómo se hace” eso nuevo que quieren implantar y que va a ser tan beneficioso. Sin duda alguna, se han escrito miles y miles de líneas sobre el despertar de nuestra verdadera economía y sin duda alguna se seguirán escribiendo, lo único que se me ocurre es pedir cierta moderación a la hora de afirmar simplicidades que no nos llevan a ver más allá de lo que tenemos delante. A todos los que actualmente cargan las tintas contra el Gobierno por culpa de la crisis económica, lo único que se me ocurre es pedirles que dejen los simplismos a un lado y que centren sus esfuerzos en arrimar el hombro.

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